Políticas de memoria

Políticas de memoria

Se denomina políticas de memoria al procedimiento político por el cual determinados acontecimientos históricos son recordados o descartados del espacio público. El término hace referencia al cometido de la política en la creación del relato sobre la memoria colectiva.

En España, estas políticas de memoria se han concretado por medio de dos leyes. En primer lugar, la Ley de Memoria Histórica (2007) que incluyó el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Franco (1939-1975). Sin embargo, no lo hizo con el descubrimiento de las fosas comunes en las que reposan los represaliados del bando franquista. Este fue el motivo por el que diversas asociaciones memorialísticas de ámbito privado se encargaron de llevar a cabo esta labor, muchas veces apoyadas por las comunidades autónomas.

Más tarde, la Ley de Memoria Democrática (2022) –que sustituía y completaba a la anterior– amplió el ámbito cronológico hasta 1978 y hacía especial mención a la represión sufrida por colectivos LGTBI, además de reconocer específicamente la memoria democrática de las mujeres que habían participado en la “vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales”.

Pero la aplicación de políticas públicas de memoria también ha afectado a las comunidades autónomas. Así, en Euskadi, la Ley de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada el 28 de septiembre de 2023. Esta Comunidad celebra desde 2010 su ‘Día de la Memoria’ cada 10 de noviembre. La elección de esta fecha es debida al hecho concreto de que “no está estigmatizada, por ser el único día en el que no se ha cometido ningún atentado”.